Sinopsis del aborto y su posición jurídica en República Dominicana

Tras casi 5 décadas de que se declarara el aborto como un derecho constitucional federal en Estados Unidos,  el vienes 24 de junio del año en curso la Suprema Corte de Justicia estadounidense deroga la eugenésica práctica como “derecho”, dejando la decisión de regularla a cada estado. Dicho acontecimiento aviva el debate en la República Dominicana sobre lo que la progresía  llama «el derecho a decidir de la mujer» si desea o no continuar un embarazo. Y es que para nadie es un secreto que desde organismos internacionales la nación recibe presiones constantes para que se le de apertura a la legalización del aborto a través de las 3 excusas para asesinar seres humanos en el vientre materno que los proponentes llaman «3 causales para la interrupción del embarazo». Luego que la URSS diera el primer paso de aprobar el aborto en el 1920, le siguieron en el transcurrir de los años, casi 60 naciones que lo permiten de modo voluntario sin importar las circunstancias y más de 135 que lo legalizan en situaciones «excepcionales». Ahí en la URSS, fue donde empezó el declive del mundo, donde se violenta el derecho más elemental del ser humano, el derecho a la vida.

Constituye un secreto a voces que detrás de estas muertes hay una élite dominante que se ve amenazada por la reproducción de un grupo de personas que ellos consideran de tercera categoría, porque sí. Y con temor de sonar conspiranoica, el aborto no es más que una estrategia de control poblacional, los que los expertos llaman «Biopolítica», solo que son tan astutos, que no lo  revelan como crimen eugenésico y grotesco,  sino que recurren a neologismos y lo venden como «Interrupción voluntaria del embarazo”, una frase que evoca «derechos» pues recurre al uso de la «libertad individual».

La verdad es que dicho juego de palabras es una burda manipulación que juega con la carencia de comprensión lectora de un país en vías de desarrollo que tiene serios problemas en materia educativa porque tras la falsa potencialidad de reanudación, vendida a través de términos lingüísticos decorados. Con este ‘juego’ se enmascara un genocidio, disfrazándolo de derechos, porque la realidad es que en un aborto se le arranca la vida de modo abrupto y violento a un ser humano, por lo que no existe forma de reanudarlo, de manera que la composición gramatical deviene en absurda. ¿Será posible que luego de triturar, descuartizar, inyectar con una solución salina letal, entre otras torturas intrauterinas que recibe el niño no nacido, se le quiera seguir llamando interrupción a un proceso criminal, alevoso y premeditado como es el aborto? Es inaceptable, tanto el acto como la nefasta narrativa eugenésica, genocida y fabuladora que se refiere a la interrupción de la vida inrreanudable.

En República Dominicana, nos encontramos debatiendo sobre la legalidad de quién debe morir, según tres causales, pero sabemos por la historia reciente que todos los países que hoy aprueban el aborto voluntario empezaron con las tres excepciones. Nuestro Código Penal sanciona la práctica criminal antes citada desde el año 1844, es decir, desde que logramos nuestra independencia. Precisamente, desde la concepción de la República, nuestros padres fundadores entendieron el valor de la vida, que incluso se confirma en la reforma de nuestra Constitución más reciente que es del año 2010 y que se ratifica mediante el artículo 37 de la misma. Este mismo establece la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no pudiendo aplicarse de ninguna manera la pena de muerte.

Este artículo evidentemente cierra el paso a toda maniobra jurídica que pudiera realizarse a través del Código Penal, pues nuestra Constitución tiene supremacía sobre cualquier ley, reglamento, resolución y ordenanza, por lo que todo lo que entre en contradicción con esta, queda nulo de pleno de derecho.
Es un axioma que en nuestra nación no necesitamos despenalizar el aborto en ninguna de las causales, especialmente en el caso de peligro en la vida de la madre y cuando el embarazo sea inviable, pues está más que demostrado que con la correcta aplicación de los protocolos ya establecidos y puestos en ejecución por el Ministerio de Salud Pública, las mujeres no están muriendo por falta de aborto, y esto debido a que los desembarazos tempranos se aplican bajo el criterio clínico en el que se prioriza siempre la vida de la mujer.

Abrir esa puerta en República Dominicana, sería darle entrada al aborto en cualquier semana de vida del no nacido; sería equipararlo con las cesáreas, que son cirugías de alto riego a las que sólo se puede recurrir cuando haya causas impidan parto natural, pero que en nuestro país son practicadas hasta por la elección de la madre, lo que nos corona con uno de los índices más altos de América Latina en este tipo de partos, pues nos alzamos con el porcentaje de 58% de nacimientos por esta vía.

Como dije anteriormente, existen protocolos clínicos que le permiten a los doctores actuar y privilegiar la vida de la madre en términos de riesgo vital y actuar cuando el embarazo es inviable. Por otro lado, no existen estadísticas que avalen en Quisqueya que ciertamente se amerita legislar sobre los casos de embarazos como productos de violaciones.

Urge una revisión con conciencia ante la amenaza de la normalización y celebración de la cultura de la muerte, donde se aboga por los «derechos de la mujer» y se violentan los derechos del niño. Si queremos seguir siendo una nación rumbo a la grandeza, debemos seguir protegiendo a los indefensos, porque “la grandeza de una nación se mide por la capacidad de un estado de proteger a los más vulnerables».

Anny Esther Burgos