Cuando el “staff” político funciona con eficacia, los ciudadanos apenas perciben lo que hay por encima de ellos. Personas que toman decisiones globales, que les afectan como parte de una comunidad que paga sus impuestos: cuando estos son excesivos, cuando se toman decisiones, alejadas de la recta voluntad de un pueblo, se produce un enorme deterioro democrático que no, solamente, distrae a los ciudadanos de sus tareas individuales fundamentales, sino que el hartazgo se refleja en las urnas, con el voto, tal y como mandata la Constitución.
La sociedad debe ser la dominante y no el Estado, quien debiera tener las proporciones mínimas, justas y necesarias para sostener la gestión administrativa y las sabias decisiones políticas que el funcionariado no tiene por qué tomar. Vamos que, ambos, funcionarios y políticos, lo llevan en el sueldo. La redacción de nuestra Constitución Española permite conjugar intereses de distintos partidos, algo que a los enemigos de España, autóctonos y foráneos, los distrae (Pedro Sánchez, dixit) de su ambición de dominio y poder omnímodo y andan por vías torticeras, haciendo lo posible y lo imposible por predios nada decentes.
Como en cualquier estructura organizativa, la personalidad del líder nos habla de toda la cohorte que llevan detrás. Es exactamente la situación actual en España. Esta realidad tan negativa que estamos aceptando por temor a desastres mayores la padecerá nuestro país prolongadamente durante los tiempos venideros. Se está subvirtiendo el orden natural de las cosas a golpe de leyes que nos llevan a un retroceso de toda índole, protagonizado por personas y no por situaciones externas, porque qué tiene que ver esta ley de educación que horroriza a los propios docentes con la pandemia, con terremotos o con la guerra emprendida por Putin, qué tendrá que ver este despilfarro, desde el Gobierno con la corbata de Pedro Sánchez, para someter al pueblo soberano por la Constitución a estrecheces mientras se reparte alegre y sectariamente el fruto de nuestros esfuerzos. Por cierto, lo de la corbata es para diez, con la que cae y estamos centrados en esa frivolidad perpetrada ad hoc, o con las feminadas lingüísticas de los Ministerios protectores del género a saber, cuál.
La Ley de Memoria Democrática aprobada por esta izquierda sectaria el reciente 14 de julio, para profundizar en la verdad que, según ellos, no solo no está esclarecida, sino que solamente se ceba con quien siempre les venció… otra más. En este apartado voy a pararme ya que es clamoroso el nivel de restitución, solo a la parte que les concierne, saltándose los informes de historiadores más que reputados. Tal es el caso de querer retirar el nombre de Juan de la Cierva y Codorniú al aeropuerto, algo que desde el Gobierno murciano ha encendido con toda la razón que asiste ..a la razón. Este Señor, inventor del autogiro, ingeniero que no alberga ningún hecho deleznable ni atentado a la democracia constitucional.
Su padre, Juan de la Cierva y Peñafiel, fue ministro de Instrucción Pública, de Bellas Artes de Gobernación de Guerra, de Hacienda y de Fomento durante el período Constitucional del reinado de Alfonso XIII y, nuevamente, ministro de Fomento durante el último Gobierno de la monarquía Alfonsina. Persona de valores y formada en muchos campos de las ciencias. Debe ser esto lo que le molesta a este desgobierno, aunque mucho más les ha molestado a los murcianos que se inmiscuyan en sus decisiones competenciales ante ese recurso presentado por la abogacía del Estado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, algo que, desde Murcia, consideran inaceptable, por cuanto cumple con todos los requisitos jurídicos exigidos. Lo suyo será que al Gobierno de la Nación le salga el tiro por la culata como viene siendo habitual en estos últimos tiempos… hasta que las urnas se encarguen de rematar la faena.
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