Indra Sistemas S.A es una empresa española que ofrece servicios de consultoría sobre defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros así como servicios al sector público. Pertenece al índice selectivo español IBEX 35 desde 1999. Se constituyó por la fusión llevada a cabo entre la compañía Ceselsa y el grupo público Inisel.
En 2015, el candidato de Imagina Burgos a la alcaldía de la ciudad, Raúl Salinero, denunció la “chapuza” por el resultado de la gestión del registro de voto realizado por Indra, puesto que no les permitió votar a primera hora de la mañana por errores en el programa informático. Además de exponer el despilfarro que había supuesto a las arcas públicas la privatización de la gestión del voto.
El desastre de Lexnet, sistema telemático para gestionar las notificaciones entre los profesionales de sector y los juzgados se convirtió en otra “chapuza informática” en 2017. En este proyecto participó entre otras empresas Indra. Esta vez descubrirían vulnerabilidades que afectaban al Ministerio de Justicia. Las “incidencias” con Indra siempre han sido notables. En 2021, la Comunidad de Madrid adjudicó por vía de urgencia el mantenimiento y diseño del portal para obtener los certificados Covid por la cantidad de 225.000 euros a dicha compañía por un sistema que filtró datos personales a causa de un error, dejando expuesta la información de miles de ciudadanos.
En 2022, el Gobierno de España autorizó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a elevar su participación en la compañía hasta el 28%. Ese mismo año la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), abrió un expediente por una supuesta acción concertada de la SEPI, el principal accionista y representante del Gobierno con un 25,6%, aunque finalmente a finales de ese mismo año se cerró dicho expediente por no existir indicios.
Indra también ha sido denunciada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por “problemas vinculados con las elecciones en España”. El abogado Guillermo Rocafort solicitó conocer las auditorías realizadas por el Ministerio del Interior sobre la compañía. La respuesta de la Dirección General de Política Interior estableció que no procedía facilitar ningún dato por tener un contrato sujeto a confidencialidad y encontrase dentro del nivel de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Dejando patente la opacidad del Gobierno.
También en el 2022, Indra obtuvo críticas por un posible fraude electoral en Colombia, por las dudas sobre la seguridad en el proceso de los comicios presidenciales. En esos momentos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero salió en defensa de la compañía insistiendo en la experiencia que tenían a cargo procedimientos electorales. En 2023 un error de la empresa, obligó al Ministerio del Interior a repetir un contrato de 39 millones de euros porque no entregaron a tiempo la documentación durante el proceso de contratación.
En el día de ayer nos encontramos con la noticia que el Ministerio del Interior había elegido a la compañía tecnológica para gestionar el escrutinio en las elecciones europeas. Cuestión que también llevaron a cabo en las elecciones autonómicas, municipales y en las generales. La única empresa que se presentó al concurso con una adjudicación de 13,3 millones de euros con IVA por comicios. Indra gestionará el proceso de datos de los escrutinios de todas las elecciones que se celebren en este año 2024 a través de su software. Recordemos que el Gobierno tiene control sobre Indra, pues la pública SEPI es dependiente del Ministerio de Hacienda. Como dijo Sánchez Dragó “De este modo, todo queda en casa, es decir todo queda en manos de quienes nos gobiernan…”
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