El pasado mes de noviembre, el presidente Sánchez, con mucha sorna, se preguntaba en una entrevista de quién depende la Fiscalía General del Estado, para afirmar “¡pues ya está!” cuando el periodista le contestaba que era del Gobierno. Pues eso, que ya está. Algunos lo acaban de descubrir ahora, parece ser, y se llevan las manos a la cabeza. En 1992, Felipe González nombró a Eligio Hernández Fiscal General. Apodado desde sus tiempos de lucha canaria como “el Pollo del Pinar”, ya había ocupado cargos en la administración socialista.
Desde el principio fue cuestionado por irregularidades en el procedimiento y denunciado por sus propios compañeros a través de nada menos que tres asociaciones profesionales. Cesó en 1994 y en 1996 el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad de su nombramiento, por supuesto, ya sin ningún efecto práctico. La Justicia deja de serlo cuando no llega a tiempo. Esta figura, clave en nuestro ordenamiento jurídico, siempre ha estado cuestionada por la forma arbitraria de su nombramiento a cargo del Gobierno en solitario. Elegir a una persona más por afinidades políticas que por sus capacidades profesionales ha sido la norma con todos los gobiernos desde el ’78. Del PP y del PSOE.
Cuando creíamos que nada podría superar el caso de Hernández, llega 2020 y el Gobierno nombra nada menos que a su ministra de Justicia como Fiscal General del Estado. Y es cuando recordamos las palabras de Sánchez de unas semanas atrás. En estos momentos en los que hay tantas causas importantísimas pendientes en la Justicia, como la corrupción del PP y del PSOE o el ya maloliente asunto del “prusés”, nombrar a una persona “de la casa” parecía más necesario que nunca para este Gobierno. A estas causas, se han sumado ahora los asuntos de la posible corrupción en Podemos y, por supuesto, las denuncias presentadas contra el Gobierno motivadas por el Covid-19.
Y claro, el nuevo fichaje no ha defraudado. Esta firme candidata al premio Zamora de este año está parando todos los balones que llegan a su portería: las demandas presentadas por la autorización de las manifestaciones del 8-M, las denuncias contra miembros del Gobierno en la gestión de la pandemia y las investigaciones sobre Podemos. Un auténtico pulpo bajo los palos. El astronómico sueldo de 120.000 €/año, mucho mayor que el de ministra, lo tiene bien ganado. La Fiscal General del Estado se ha mostrado como una eficacísima Abogada Particular del Gobierno.
El nombramiento está recurrido por el Partido Popular ante el Tribunal Supremo pero, dada la experiencia citada al inicio, da igual cual sea su resolución. Ésta se producirá dentro de 2 ó 3 años, con Delgado sustituida, y no tendrá ningún efecto, ni siquiera electoral, ante unos ciudadanos anestesiados por el Covid-19 y la crisis económica y embelesados con el eterno espantajo de Franco. O sea, a Sánchez el fichaje de Delgado le va a salir más rentable que al Real Madrid el de Cristiano Ronaldo. Y tampoco son estos recursos al Supremo la solución al grave problema de politización del sistema judicial, que ha sido denunciada recientemente por el Consejo de Europa como “el talón de Aquiles de la Justicia española”.
Desde UPYD siempre hemos pedido una real y urgente despolitización y dimos ejemplo renunciando, cuanto estábamos en el Congreso, a participar en el mercadeo en el que ahora están inmersos los partidos: el de acordar los peones que nombra cada uno en el Consejo General del Poder Judicial. También para la Fiscalía General queremos otro sistema que dependa mucho más de los profesionales y mucho menos de los políticos.
Así sería muy difícil asistir al bochorno de ver a un reciente miembro del Poder Ejecutivo influir tan groseramente en la Justicia. Por cierto, el “Pollo del Pinar” apoyó en enero a Dolores Delgado y manifestó que su nombramiento es un acierto de Sánchez.
Hay halagos que son auténticas condenas.
