Hay demasiada gente contenta con el hecho de que no se hable ya apenas de la declaración unilateral de independencia de Puigdemont y los suyos y los debates estén centrados en el perdón y en la reconciliación del Estado con el Gobierno de Cataluña. Sin embargo mucho, demasiado, huele a podrido cuando desde aquellos que, lejos de arrepentirse, no cesan en su empeño en reivindicar unos objetivos políticos que irían no sólo contra los intereses del propio Estado sino los del propio territorio que dicen representar y contra la integridad territorial de nuestro país, no dejan de imponer sus condiciones con el beneplácito de los que nos deberían representar a todos. No cabe la menor duda de que son sólo capaces de representarse a sí mismos y a sus propios intereses.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que han sido aprobados recientemente con el apoyo de todos los grupos nacionalistas e independentistas, y por los herederos del terrorismo vasco, de izquierdas y de derechas, han supuesto un aluvión de desconcertantes noticias, una detrás de otra, que ponían continuamente en jaque bien los intereses de sectores económicos de calado como el del vino con Denominación de Origen de La Rioja, o la imposición a las plataformas digitales de contenido en euskera y la tevevisión en este idioma para niños en Navarra, o el rechazo del Gobierno catalán a ofrecer un mínimo del 25 por ciento de las clases en castellano en los centros educativos. Esto con el beneplácito y silencio cómplice del Gobierno de Sánchez, asustados algunos socialistas y esperpénticamente orgullosos los de PODEMOS.
Pero esto no es todo. Por supuesto que aquellos territorios que imponen sus normas y objetivos políticos, también lo hacen con lo económico. Así el Gobierno no ha dudado en regar, en algunas ocasiones por partida doble, a multitud de instituciones e instrumentos culturales del independentismo con dinero público, en detrimento de otras comunidades y del interés común de todos los españoles a los que representan. Y curiosamente lo ha hecho de una forma más cuantiosa en Barcelona, justo dónde el independentismo se siente más débil y dónde se ven necesitados de un mayor incremento del adoctrinamiento cultural y social para seguir en persecusión de sus objetivos contra el Estado.
Y una vez más vuelven a vender la burra de unos presupuestos sociales, unos presupuestos plagados de subvenciones perfectamente dirigidas a sus objetivos de instrumentalización doctrinal a través de instituciones y asociaciones, y de ayudas que no conseguirán jamás sacar a los pobres de su pobreza; quizás es lo que pretenden. Si estamos en plena crisis, y eso es incuestionable, y si sabemos todos que se avecina una tempestad económica plagada de incertidumbre ante la pandemia, el Gobierno no debería haber presentado unos presupuestos centrados en plantar remiendos sino en solucionar y prever los problemas que tenemos y se avecinan. Debería haber planteado unos presupuestos que reforzaran el tejido empresarial, que garantizaran su viabilidad. Unos presupuestos que garantizaran que no se van a destruir empleos, que se van a generar puestos de trabajo y que, manteniendo encendido el motor de la producción, permitieran incentivar la economía y la inversión.
Y es que otro de los pilares esenciales de ese motor económico, los autónomos, viven sus días más duros y, ante ellos, la respuesta del Gobierno no ha sido otra que seguir incrementando su cuota y sus impuestos, en muchos casos no asumibles por la subida considerable de gastos, entre tantos los energéticos… que esa es otra.
Pero no nos debe caber la menor duda. Estos presupuestos Frankenstein son unos presupuestos hechos con los despojos mentales de un PSOE que no se reconoce a sí mismo (y eso era ya complicado), un socio de Gobierno que justifica e instiga a la violencia (cuando es para defender sus ideas o su proyecto bolivariano), y de una serie de partidos políticos entre cuyos intereses se encuentran, además de llenarse los bolsillos, destruir al Estado en el que reconocen no creer y al que confiesan no querer.
Miren, uno de los puntos más débiles de la democracia parlamentaria es que aquellos que hacen las leyes tienden a protegerse a sí mismos a través de la aprobación de una legislación que les permitan seguir haciendo lo que no deberían. Y con esto voy mucho más allá de los aforamientos o de la auto subida de sueldos por encima de los de los funcionarios o incluso, si cabe, por encima del empecinamiento en controlar todos los poderes, incluido el judicial y el cuarto, la prensa. En este caso me refiero a las leyes que en general en el mundo han evolucionado de mala manera en la conceptualización del término “Alta Traición” y que afectan seriamente a la seguridad del Estado de sus propias instituciones cuando estas actúan en contra d ellos intereses del propio Estado al que representan, incluidos los gobiernos autonómicos y el central en España.
Nuestra pobre legislación en este aspecto nos lleva a un código penal de 1995 (artículos 581-603) que en materia de Alta Traición se limita a aquellas acciones llevadas a cabo en la relación de España con terceros países, especialmente en situaciones de guerra, al espionaje o, como mucho, a la revelación de secretos oficiales. Luego tenemos el muy conocido término de “sedición”, reflejado en el artículo 544 del código penal que indica que “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.”
El delito de rebelión, anteriormente mencionado, hace mención a el artículo 472 del código penal y está incluido en el título de los delitos contra la Constitución en el que el Código Penal Castiga a quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Y aquí, de nuevo, nos encontramos con el condicionante de la violencia como instrumento.
Y es con respecto al asunto de la violencia en el que yo quería hacer una serie de aclaraciones. Tradicionalmente se ha considerado violencia al ejercicio físico de ella. Sin embargo en nuestro ordenamiento jurídico existen especificaciones sobre tipos de violencia como la violencia de género o la violencia sicaria que no necesariamente están vinculadas con el ejercicio de la violencia física. De hecho existe el concepto de violencia psicológica asociada al mismo.
El concepto de violencia vicaria es relativamente nuevo y se le atribuye a una psicóloga y activista feminista argentina, Sonia Vaccaro, en 2012. Pues bien, ya en los años 90 el pazólogo o estudioso de la paz y los conflictos más destacados de la Historia, Johan Galtung, acuñó un término relacionado con la violencia, la violencia cultural. Dentro de este tipo de violencia sin uso de fuerza están, por ejemplo, la justificación de actos violentos como insurrecciones o actos terroristas o el de movimientos ideológicos que justifican la violencia como medio para conseguir objetivos políticos. Los estudios de pazología están muy relacionados con los estudios de género. Sin embargo, a partidos políticos de este país como PODEMOS, el propio PSOE, Bildu o JuntsxCAT, entre otros, parece ser que este elemento se les escapa.
Yo sé sumar dos más dos y, si las leyes se aplican a situaciones de guerra y en contextos relacionados con terceros países se aplicaran a nuestro propio país habría partidos políticos y dirigentes de instituciones democráticas que perfectamente podrían ser acusados y juzgados por Alta Traición al Estado. Y, sin embargo, andan tan panchos, y hasta condicionan la política del todo el país negociando desde territorios del mismo y desde el mismísimo Gobierno central los Presupuestos Generales del Estado. No tengo más que decir.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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