La alarma como Estado

Que la política genera vicios, y que esos vicios no suelen ser muy positivos desde una perspectiva democrática y hasta legal es un argumento que justifica en gran medida, en muchas de las grandes democracias del mundo, la aplicación de la limitación de mandatos. Si nos fijamos en nuestro propio país, siempre han sido en segundas legislaturas cuando han surgido toda serie de problemas y de ataques, fundamentados o no que, finalmente, han concluido con un cambio de Gobierno, bien después de unas elecciones, en ocasiones en situaciones críticas, como las que sucedieron tras los atentados del 15M, o con una moción de censura, como ocurrió con el último cambio de liderazgo en nuestro Gobierno, en la que el PSOE, apoyado por ya sabemos qué socios, desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del país.

Que vivimos tiempos convulsos, que se han sucedido las situaciones de emergencia, en primer lugar sanitaria, y posteriormente energética y política; que a todo esto se une una crisis social en una lucha revolucionaria por una imposición de nuevos valores y por una defensa necesaria de nuestro Medio Ambiente, incluso una necesaria revolución feminista que defienda esa igualdad tan necesaria y que hemos descubierto que no era tan real como imaginábamos, es algo innegable. El problema no es sólo que existan todos estos factores y que hayan confluido en un momento concreto, el problema es que estas situaciones puedan estar siendo utilizadas como excusa partidista, y no únicamente como fórmula para poder abanderar causas que ratifiquen la buena relación de un Gobierno con la evolución social y con los problemas de los ciudadanos, sino como instrumento para imponer fórmulas que radicalicen el intervencionismo del Estado hasta el punto de gestionar cada movimiento que la ciudadanía pueda hacer en su vida diaria.

La prueba de fuego la vivimos en los peores periodos de la pandemia por el Covid 19, una alerta sanitaria que, bajo el prisma del Tribunal Constitucional, fue utilizada como excusa por el Gobierno para evitar el control parlamentario. De hecho, fueron varias las fuertes polémicas sobre medidas no de urgencia que fueron aprobadas en esas fechas bajo el amparo de las medidas excepcionales, entre ellas el nombramiento del, por entonces, Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al que por entonces era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, como miembros de la comisión que controla el CNI. Pero la tendenciosidad de estas medidas tomadas en el Estado de Alarma pasaron por un segundo Decreto de medidas urgentes que también fue tumbado por el Tribunal Constitucional. Ya no sólo se trataba de la declaración de inconstitucionalidad del mismo confinamiento que, según el Tribunal, hubiese encajado en un Estado de Excepción y no en uno de Alarma, sino de una utilización del Decreto para descargar las responsabilidades que a este Gobierno le correspondían sobre las Comunidades Autónomas, de tal manera que el ejecutivo evadía las consecuencias directas de su aplicación en un momento en el que la popularidad del mismo había ya sufrido mucho por los sucesivos errores cometidos.

Parece que ha pasado mucho tiempo, pero no el suficiente como para que nos olvidemos de que fue durante el mismísimo Estado de Alarma cuando el Gobierno tramitó la última reforma educativa, la polémica Ley Celaa. Y todo esto ocurrió, tampoco lo olvidamos, en un momento en el que el mismo Gobierno de Pedro Sánchez, suspendió el Portal de Transparencia, elemento declarado como fundamental para la transparencia de la gestión pero que parece ser que, en ese momento, le resultaba demasiado incómodo a Sánchez y a sus socios. Cada vez que hablamos de una de estas medidas hablamos de una rebaja de los derechos de la ciudanía, de un nuevo golpe a la convivencia desde la perspectiva de la calidad democrática por la participación parlamentaria y por la propia deriva de la fórmula por la que se aprobaron los decretos, nada más y nada menos que 39 sólo en el año 2020, la mayoría de los cuales incluían medidas nada urgentes pero de fuerte contenido ideológico y que no suponían sino una amenaza a los derechos, a la propiedad privada, y a la transparencia.

Y los ciudadanos, en todo momento, respondimos con dignidad y responsabilidad, asumimos quedarnos en nuestras casas, sacrificar nuestra economía, nuestras relaciones, muchos ni pudieron despedir a sus familiares que perdieron la vida en esos momentos… asumimos que una alarma sanitaria requería de medidas excepcionales, ignorando la mayoría que muchas de las medidas que se estaban aprobando por la vía de urgencia o por decreto nada tenían que ver con la situación derivada por la pandemia pero que tenían una fuerte carga de intereses personales e ideológicos.

Ahora aparece la emergencia energética motivada por la invasión de Ucrania por Rusia y las sanciones y respuestas del país gobernado por Putin a las mismas. Y aparece en un escenario en el que los que gobiernan no han sido más inteligentes porque no les cabe en sus compromisos con los distintos sectores ideológicos que los sostienen. Ya hablé de esto en algún artículo anterior. Era una barbaridad que se cerraran centrales nucleares antes de que se tuviese la suficiente infraestructura de fuentes alternativas y ecológicas de generación de energía. Y lo era en todos los sentidos porque esa energía que íbamos a necesitar la íbamos a comprar más cara a países como Francia, que ha aumentado su número de plantas nucleares y que la genera, asimismo, de esta misma forma. El PP tampoco suele ser, a veces, muy rápido en sus reacciones y no ha sido hasta ahora que no ha pedido con fuerza que se prolongue la vida de nuestras centrales nucleares ante la enorme amenaza que se nos avecina por la subida del precio del gas. Y lo ha hecho con el apoyo de Ciudadanos, que lo llevaba reclamando desde hace mucho tiempo, y de VOX.

A la emergencia energética, y en gran medida ocasionada por esta y una mala gestión desde el Estado, la inflación se ha disparado, revelando, hasta el momento, una media de 8,8 puntos interanual, algo que nos introduce en el camino de una recesión que, en medio de estas condiciones, no promete sino ser un escollo muy complicado de superar y en el que, como siempre, será la ciudadanía la que tenga que pagar el pato. Esto nos presenta una nueva emergencia, la económica, en un país con un déficit que, ya de entrada, resulta muy difícil de asumir y que posiblemente se dispare a partir del próximo mes.

Ambos puntos son esenciales para entender que el Gobierno tiene que imponer medidas para reducir las consecuencias aunque, no obstante, de seguir la línea de la subida de impuestos para una recaudación directa que permita seguir elevando el gasto público y, especialmente, el gasto social, podría ser una bomba de relojería, un cuenta atrás hasta que el país colapse sin remedio. O el Gobierno regula en esa fórmula, como bien lo han hecho el resto de países europeos, o será Europa la que venga a imponer sus condiciones. Será entonces cuando sufriríamos las verdaderas consecuencias de las políticas de Sánchez y sus socios de Gobierno.

La cuestión que ronda a todo esto es situarnos en una nueva alarma, una tras otra. El planteamiento de las sucesivas crisis que se están avecinando se están dibujando bajo los parámetros de actuación de la crisis de la pandemia, la necesidad de aprobar medidas que, siendo impopulares, convierte a un Gobierno en el héroe que aprueba medidas que pagan los ciudadanos pero que sólo permiten a su Presidente poder seguir viajando en su Falcon y quitarse la para él incómoda corbata con la excusa de reducir un gasto que sería mucho más asumible si las centrales nucleares siguieran funcionando a máximo rendimiento y si las relaciones con Argelia no estuviesen tocadas por la crisis generada por Sánchez al considerar la legitimidad de Marruecos sobre el Sáhara. ¿Se puede ser más torpe, o más cínico? Por cierto, también serían mucho más asumibles si se persiguieran a aquellas personas que enganchan el suministro eléctrico y que, en muchos casos, utilizan para poder tener invernaderos con los que cultivan en sus propias casa o invernaderos improvisados sus plantaciones de marihuana. Pero creo que esto no entró en el último decreto de Sánchez. Posiblemente su socio de Gobierno no se lo hubiese permitido como sí le permite y fomenta el control de los poderes del Estado, algo nada democrático, por cierto.

La cuestión es que no todo se reduce a esto. Mientras que todas estas cosas suceden, se aprueban medidas mucho más restrictivas y sancionadoras para conducir, para invertir, para ser autónomo o para ser hasta pobre, porque no hay ayudas hoy en día que puedan permitir el pagar el incremento del IPC en la energía pero también en los alimentos.

Lo que da verdadero miedo es observar cómo suceden tantas y tantas cosas, se vulneran sucesivamente derechos a través de leyes, se deja con indefensión a los propietarios de viviendas invadidas, permitiendo que los que lo hacen roben todo lo que estas contienen y, sin embargo, la ciudadanía se encuentre aborregada, sometida, asumiendo que una alerta, una alarma, justifica todo lo que desde el Gobierno se haga para poder atajarla.

Miedo porque observo a mucha gente que parece haber sido programada para creer que, en estas ocasiones, enfrentase a las medidas o no estar de acuerdo con el Gobierno es como no arrimar el hombro, es ser un obstáculo, supone ejercer una oposición que, de entrada, se plantea como facha porque va en contra de un progreso que no entiendo; porque el progreso, el progresismo, término muy ligado a conceptos liberales no tanto como socialistas, supone un aumento de las libertades, un ejercicio lícito y justo de los derechos y los deberes… pero nunca una soga que cada vez asfixia mucho más la vida, la economía, los ánimos y las esperanzas de una ciudadanía que, en muchos casos, ya agoniza en su lucha ante los continuos obstáculos que encuentra para llegar a final de mes y para pagar sus facturas.

La alarma no es el Estado. Alarmante es cómo actúa el Gobierno ante cualquier situación de alarma, especialmente cuando la gravedad de muchas de esas alarmas las provoca él mismo.    

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6 Comments

    • No, Susana. El progresismo es un término liberal del que recientemente se apropió la izquierda. Y es curioso que lo ha hecho al unísono en muchas partes del mundo. La interconexión de los movimientos de izquierda y la revolución de las nuevas tecnologías son los factores que están marcando la aparente victoria de esa neo izquierda que ni es progresista ni defiende las libertades, sólo utiliza a las personas, a los grupos de personas, los conceptos… todo lo que sea necesario para hacerse con el poder y perpetuarse en él y luego hacer lo que le da la real gana, generando pobreza a la que hace ver que son sus salvadores. Mira, para que te hagas una idea de lo que te digo respecto al concepto y su origen, que bien puedes también investigar en libros, y a lo que te comento sobre el plan mundial de la izquierda, especialmente la española y sus redes en Venezuela y otros países de influencia, te dejo este artículo que es de 2013, de hace casi diez años. Por favor, si lo lees, me cuentas que te ha parecido, pero estoy seguro de que te parecerá de una tremenda actualidad con respecto a nuestro país. https://www.cepchile.cl/cep/opinan-en-la-prensa/leonidas-montes/el-verdadero-progresismo-liberal

  1. Se trata de una cuestión semántica. La derecha trae el progreso, pero la izquierda se ha quedado con la etiqueta del progresismo y no hay quien se la quite

    • Semántica y estratégica. Forma parte de una estrategia global de comunicación de la izquierda que fue forjada en las universidades españolas de la mano de socialistas y podemitas. La Pompeu Fabra de Barcelona tiene mucho que ver, al igual que la Computense, Pablo Iglesias, Monedero y algunas instituciones con pensamiento de izquierdas en muchas otras y, por supuesto, con conexiones con muchas otras universidades del mundo, especialmente en latinoamérica. Te aseguro que sé de lo que hablo porque lo he vivido. El punto de inflexión fue el 15M, pero era algo que ya se llevaba años preparando. Nada es casualidad.

    • Bueno, este artículo lo que refleja, por un lado, es el absoluto desconocimiento del autor sobre el origen del concepto progresismo y, por otro lado, demuestra cómo ese desconocimiento de las propias raíces del liberalismo en España y en el mundo, en un sistema absolutamente polarizado tiene como consecuencia que ese «robo» del concepto se haya producido con total impunidad y sin que haya habido oposición alguna al mismo por aquellos que tenían hasta hace poco, sin saberlo, la autoridad de la acuñación y esencia del concepto, los liberales. Dice cosas con las que hay que estar de acuerdo pero peca de caer de nuevo en la trampa de los mismos conceptos que ha asumido la propia derecha impuestos por esa neo izquierda. El progreso en un mundo capitalista se asocia al liberalismo, precisamente, porque se enfrenta a ese sistema socialista y comunista puro que es excesivamente intervencionista, y aquí en España lo estamos sufriendo de primera mano, y no sólo en lo económico sino mucho, también, en lo social. Se trata de un proceso de adoctrinamiento en el que han forjado la unión de conceptos «aparentemente progresistas», unidos a las libertades, con el ideológico, cuando históricamente esto no ha tenido mucho que ver. La homosexualidad ha tenido sus más fuertes perseguidores y verdugos no sólo en la extrema derecha, sino muy especialmente en la extrema izquierda. De hecho, no hay que ir demasiados años atrás para encontrar declaraciones fuertemente homófobas de dirigentes comunistas y socialistas en este país. O la negación de gran parte de socialistas al voto femenino en la II República, propuesta que salió adelante gracias al apoyo de los liberales en aquél momento. La gran diferencia entre la derecha y la izquierda, y que esta descubrió no hace demasiado, es que la derecha lleva unida el lastre de la sumisión a doctrinas religiosas en sus concepciones moralistas impidiéndole en gran medida cambiar esos conceptos con la evolución social y con los tiempos, con los avances científicos y humanistas. La izquierda, sin embargo, carece de ese lastre y adapta su moral a las situaciones que más le convienen convirtiéndose en abanderados de cualquier causa que les haga protagonistas sociales de cambios que son interpretados como avances sociales pero que, al no serlo en su justa medida, se convierten en un circo mediático y en un más y más que no acabe nunca con ninguna lucha, con ninguno de los problemas planteados porque, de lo contrario, se les acaba el chollo de seguir siendo los defensores de esas causas y usar estas mismas como arma arrojadiza contra una derecha que es incapaz de reaccionar a tiempo y que, cuando lo hace, no le cabe más remedio que aceptar y asumir esos nuevos conceptos porque ya forman parte de la doctrina social de esa moral creada a medida de la izquierda.

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