El poder mediático en México

Una de las mejores formas de defender a los pobres es no aceptando pactos con grandes empresas que dominan un monopolio mediático. Mismos que, en muchos de los casos, hacen ver como verdugo a la víctima, con lo cual, formulamos juicios erróneos y por ende tomamos las decisiones que más nos perjudican. Nótese que los pobres somos la mayoría a los que las elites afectan y engañan, independientemente del ingreso económico. 

En México existe un alto nivel de poder mediático concentrado en pocas manos. Un pequeño grupo de empresas son las que dominan la mayoría de los medios de comunicación, incluyendo redes, plataformas, televisión, los periódicos y radio. Estas empresas tienden a tener vínculo cercano con políticos y otros líderes de la élite, lo que les permite influir en la opinión pública, controlando la información que se difunde, por medio de tres estrategias; sobre posicionado, atacando o no diciendo.

La concentración de propiedad de los medios de comunicación particularmente en México es un tipo de corrupción que amenaza la democracia y la libertad de expresión. En un sistema que pretende ser democrático es esencial que haya una diversidad de emisores en los medios, lo que permite a la sociedad civil tener acceso a diferentes perspectivas y opiniones sobre el acontecer social, económico y político del país y del mundo en general. Podría fungir como el único contrapeso confiable para todos los ciudadanos, contra intereses particulares políticos.

Sin embargo, en México, la concentración del poder mediático impone una visión particular del mundo que puede ser simulada, limitada y sesgada, desde asuntos particulares como el intento de desacreditar el nombre de una persona (atacando), lo que debemos o no aceptar como alimento o medicamento, hasta los asuntos públicos y de interés colectivo, como número de seguidores y opiniones inorgánicos (comprados)(sobreposocion) en alguna plataforma o la imagen falsa que se desee proyectar de los políticos, influyendo así en la toma errada decisiones. Lo lamentable es que el tipo de decisiones políticas son las más importantes, ya que un fallo de estos nos cuesta a todos, incluso a nuestras siguientes generaciones, y mucho. El nivel de ganancia de ellos es proporcional al nivel de daño provocado a la sociedad.

Es común que los medios de comunicación en México se vean amenazados por la violencia y la intimidación, especialmente, en relación con la cobertura de temas de corrupción política (no diciendo). Los periodistas, cibernautas, sus familias y los medios que investigan y denuncian estos temas están en riesgo de ser agredidos o asesinados, creando con ello un ambiente de autocensura y limita la capacidad de los medios para cumplir su función vital de fiscalizar al poder y mantener informada a la sociedad. Hoy en día los comunicadores que se mantienen informando la realidad son verdaderos héroes.

Otro problema relacionado, es la falta de transparencia y acceso a la información por parte del Gobierno, lo que dificulta la tarea de los medios de comunicación para investigar y reportar sobre temas de interés público, limita también el análisis crítico y objetivo de cualquier ciudadano que intente tomar decisiones para emitir su voto, si decidiera no dejarse llevar por lo que los medios de comunicación le informan. Además, la publicidad oficial se utiliza a menudo para condicionar la cobertura mediática, lo que favorece a los medios afines al Gobierno y dificulta la independencia y objetividad de la prensa.

Se requiere de un compromiso decidido de todas las partes para evitar que la prensa ‘libre’ convierta la información en mercancía al son de la voluntad del dueño de la empresa. Esto incluye la implementación de medidas efectivas para proteger a los periodistas, promover la diversidad, la pluralidad de los medios, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas del gobierno y respetar la independencia y autonomía de los medios de comunicación.

Solo así se puede consolidar una sociedad democrática con una prensa libre y robusta que pueda cumplir con su función de informar de manera crítica y objetiva a la población sobre los asuntos públicos y fomentar el debate y la participación ciudadana en los procesos políticos del país. Un debate que no permita evadir la raíz de los problemas, que no permita injurias o señalamientos de título personal y melodramas para distraer a las audiencias.

Los temas de estado deben abordarse con seriedad y argumentos, cualidades que solo poseen las personas realmente preparadas intelectual y emocionalmente. Además, hoy en día vemos un descaro en actos públicos por parte de los «servidores» del gobierno (sin distinción de partidos) que difunden incluso música chatarra, con tal de ganar adeptos, dejando fuera el tema del gasto público en el que se incurre, el mayor daño y perdida es la ausencia de compromiso por construir una evolución social, eso también es comunicación. Ya hemos hablado en otra columna de las consecuencias de este tipo de estímulos.

Es importante promover la educación mediática entre la población para que las personas puedan discernir e identificar el objetivo de cada medio, ya que no es compatible un medio con fines de lucro y la defensa de derechos, porque si prima el lucro, el derecho se pierde. Es fundamental proteger a los periodistas y a los defensores de la libertad de expresión. Muchos periodistas y activistas enfrentan amenazas, intimidación, acoso y violencia por parte de gobiernos autoritarios y grupos de poder.

Aunque, en México, se creó la Fiscalía Especializada en la investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, encargada de investigar y sancionar los delitos contra los periodistas y los medios de comunicación, se ha venido también cuestionando su efectividad. Esta institución ha sido objeto de críticas, ya que, si bien se han presentado algunas condenas y sentencias por delitos contra periodistas, el número de casos resueltos sigue siendo muy bajo en comparación con el número de agresiones y asesinatos a periodistas que se han registrado en el país en los últimos años. 

Además, se han denunciado problemas en la investigación de los casos como la falta de recursos y personal especializado, la falta de coordinación con otras autoridades. También se ha cuestionado su capacidad para garantizar la protección a los periodistas y sus familias, así como el acceso a la justicia en casos donde los responsables son funcionarios políticos o miembros de fuerza de seguridad, en ese sentido queda mucho por hacer, como ofrecer a los periodistas recursos a los que puedan acceder de manera inmediata y reportar de manera segura y sin temor a represalias, ya que muchos de ellos han perdido la confianza en que el gobierno les pueda proteger.

En resumen, el periodismo independiente es fundamental para la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto es indispensable trabajar juntos para construir una sociedad más justa e igualitaria, aclarando, proponiendo, defendiendo y diciendo. El presente artículo se acompaña de las peticiones pertinentes a la administración pública, ya que uno de los «argumentos» en contra de este tipo de análisis es que una crítica no tiene valor si no se acompaña de propuestas, y yo agregaría, que una propuesta sin resolución positiva, resalta la falta valor de quien decide no ejecutarla.

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