A iniciativa de la función ejecutiva del gobierno mexicano a través de Diputados del partido Morena, proponen la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, consistente en que para el año 2024, la elección de ministros, magistrados y jueces, miembros del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación sea mediante el mecanismo de democracia representativa, como lo es el voto popular.
Esta propuesta autócrata por parte del ejecutivo en la agenda pública, consistente en la modificación administrativa del Gobierno Mexicano no es viable jurídicamente, dado que, seguir la propuesta del ejecutivo, es ampliar la ejecución de una democracia vulnerable, en el sentido de que la naturaleza democrática en la que se adhiere el gobierno mexicano es sostenible gracias a los pesos y contrapesos para efectuar un balance en la separación de poderes y así equilibrar las influencias, intereses y necesidades propias del Estado.
Si bien es cierto que es necesario la existencia de una corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía como principio para la toma de decisiones de los asuntos públicos, se deben propiciar condiciones mínimas, cuyas plataformas sean viables y transparentes; lo cual aún falta recorrido para alcanzar un mecanismo de participación ciudadana sin vicios y que cumpla con las necesidades que demanda la ciudadanía, retomo palabras del ilustre Norberto Bobbio respecto que la democracia es “un niño que todavía debe crecer y está llamado a crecer”.
Resultando una propuesta contradictoria y carente de justificación por parte del ejecutivo proponer esta iniciativa, cuando semanas anteriores planteaba una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), siendo toda una institución con autonomía en decisiones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura democrática de México, en observancia a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos (CPEUM).
En primer momento, la naturaleza jurídica de la función judicial es un sistema jurisdiccional cuyos órganos dirimen las controversias interpretativas de la Constitución; cuya característica debe ser autónoma y apolítica para poder juzgar sin vicios ni declives, de manera imparcial la virtud de la impartición de justicia, la aplicación de conocimientos estrictamente jurídicos y no en la injerencia de asuntos públicos, porque de ser así se concretaría lo que se infiere en el espíritu de las leyes “el juez podría tener la fuerza de un opresor”, siendo un proceso de reclutamiento en los perfiles sin constituir una instancia de influencia política con intereses y objetivos definidos.
Lo anterior da margen de analizar el proceso de selección los aspirantes a un cargo del Poder Judicial, si la terna que propone el ejecutivo es la correcta por derecho propio, es decir, que se acceda al cargo por una demostración en conocimientos y valores éticos para el ejercicio de la profesión jurídica y no por la mayoría popular, coincidiendo con las palabras certeras del Ministro Arturo Zaldívar “La legitimidad de los jueces se basa en su argumentación no en la popularidad. Por eso, los jueces no debemos ser electos”.
Bajo estas circunstancias, el domingo pasado la ciudadanía realizó una marcha en el centro histórico capitalino, solicitando que ya no existan amenazas ni ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); frente esta situación, aún nos encontramos en un arduo trabajo de Estado de Derecho, y por obviedad, de Justicia también, aspirando que el orden constitucional se respete e impere con independencia del Ejecutivo Federal.
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