Se cumplen cuarenta y cinco años desde que se promulgara nuestra constitución. Lo que leerán a continuación no son coñas marineras (y por favor no se rían) sino artículos de la Carta Magna: […] La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles […] El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla […] Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico […] Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social […]
[…] Se reconoce el derecho a la propiedad privada […] Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo […] Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado […] Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado […] Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.[…] Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos […]
Si han hecho una lectura atenta permítanme preguntarles ¿No les da el palpito de que todos estos mandatos han sido malogrados a lo largo de estas décadas? Y, por aquello de pasar de lo plural a lo mollar, el nada trivial asunto de la próxima ley de amnistía ¿figuraba en los lemas de campaña del renovado Gobierno? El pueblo soberano ha hablado sostiene Pedro Sánchez. La soberanía popular no es un trueque apostillado entre el partido número dos y el número cuatro en número de votos con partidos que predican abiertamente la secesión y la ruptura del estado, y todo ello rubricado con la firma de un prófugo al que el presidente del gobierno juró traer de vuelta detenido. La soberanía nacional, por contra, reside en el pueblo español -en todo él, sin distingos según que taifa te entregue la llave de La Moncloa- y de este emanan los poderes del Estado, y esto también es el literal de la ley suprema.
¿Qué igualdad entre españoles hay si la gran mayoría de ellos pagan la inmensa deuda condonada de una minoría de ellos? ¿Votaron si los españoles a la amnistía o a un posible referéndum de autodeterminación? Un buen termómetro de la temperatura del pueblo soberano no son sólo las masivas manifestaciones que congregan ya a centenares de miles de conciudadanos. También lo son los comunicados remitidos desde las asociaciones de la magistratura y de la fiscalía -tanto las progresistas como las conservadoras- reprobando una futura amnistía y el funesto desarrollo de comisiones de investigación en suelo parlamentario para investigar el puñetero lawfare. Jueces y magistrados, dice la constitución de 1978, únicamente se encuentran sometidos al imperio de la ley, y no a las fintas y al mercadeo de Puigdemont.
También constan comunicados de inspectores de Hacienda y de colegios de abogados de toda nuestra geografía, así como desde el Consejo General del Poder Judicial. Multitud de colegios profesionales, entre ellos economistas e incluso médicos, sostienen que estas maniobras amenazan el estado de derecho. Y así, recuerden que ese órgano encargado de fiscalizar lo que la constitución avala o no avala está compuesto en su mayoría por miembros de la judicatura o de la carrera fiscal. Hasta el Parlamento Europeo, el pasado mes acordó abrir en su pleno el debate “Amenaza al estado de derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España”.
Muchos se esmeran en concluir que la Constitución del 78 si avala la amnistía. El artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 16 del Real Decreto 796/2005 en efecto la mencionan. Ningún artículo de la Carta Magna lo hace expresamente, pero si prohíbe con rotundidad los indultos generales ¿Avaló la amnistía el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias? Pregunto, no afirmo ¿La repudiaría un nuevo Tribunal Constitucional elegido por otro gobierno, otro congreso y otro senado? El Alto Tribunal en su Sentencia 147/1986, de 25 de noviembre, concluyó que […] es claro que una institución de este género afecta a la seguridad jurídica, principio consagrado en el art. 9.3 de la C.E. Ello sucede porque la amnistía que se concede altera situaciones que han sido consagradas por sentencias judiciales firmes, provistas del valor de cosa juzgada […] y esta alteración de las reglas de sucesión de los ordenamientos puede afectar evidentemente al principio citado, entendido como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes […]
Esto recuerda a aquello de que estaban tan preocupados por si podían hacerlo que no repararon en si debían hacerlo. Seamos realistas y concluyamos que la constitución vigente –y cada día más silente- no es infalible como no lo es ninguna ley suprema, pero su principal tara no radica en su contenido sino en aquellas prácticas y omisiones que han conseguido malversar sus dogmas. Hoy más que nunca nuestra principal urgencia no es tanto la aprobación de nuevas leyes (algunas de las cuales asustan al miedo) sino la preservación y el estricto cumplimiento de la ley fundamental por encima de cualquier otra. La Constitución liberal de 1812, nuestra primera, en su artículo 243 ya estipulaba que […] Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos […]
El respeto por la soberanía popular tendría su mejor epítome permitiendo que el pueblo, único soberano, volviera a hablar y eso se hace volviendo a convocar elecciones ¿Qué problema hay en volver a votar? Y esta vez sería un detalle que no nos obligaran a votar el día más caluroso del año cuando la mitad del país está de vacaciones. Guarden en su mente las declaraciones de Conde-Pumpido el pasado mes de enero, tras ser ungido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: «La Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia ni la autodeterminación». Lo vamos viendo. A partir de un escenario que avalara una reinterpretación de la Carta Magna y diera alas a una quiebra de la integridad territorial de España ¿Qué incentivaría a los ciudadanos a partir de ese momento a cumplir cualquier norma cuando el imperio de la ley finalmente habría sido derribado?
Jurista y ensayista
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