Una de las características que evidencian más los estados dictatoriales a nivel de instituciones del Estado es la centralización de todo el poder, el ataque directo y fulgurante a los poderes democráticos, a esa división de poderes. La división de poderes, argumentado por Locke en el siglo XVII y plasmado por Montesquieu en el siglo XVIII en su tratado Del Espíritu de las Leyes forma, desde hace siglos, un instrumento indispensable para sostener un sistema, el democrático, en el que las injerencias siempre han marcado en el mundo el contraste entre los regímenes más abiertos y progresistas, más democráticos, y los más intolerantes y totalitarios, de derechas o de izquierdas, fascistas o comunistas, con igual o semejante grado de imposición, control y hasta persecución y muerte de ciudadanos contrarios a estos regímenes, obviando todo derecho humano y convirtiendo al Estado en el cortijo de unos cuantos, unos justificando el poder en la necesidad de control bien ético o salvaguardándolo del comunismo y otros haciéndolo por el bien de la igualdad, precisamente esa que no casa con las prevendas y privilegios de la clase dominante, como ocurre en países como Cuba o Venezuela, o como ocurre en otros como Rusia, la de antes y la de ahora, incluso en países que justifican este tipo de Gobierno en la religión, en países árabes y muy especialmente en algunos como Irán, la antigua Irak o algún que otro cercano país con el que parece que tenemos ciertos acuerdos no públicos.
El PSOE siempre se ha caracterizado por ser un partido con un respetuoso compromiso con esa división de poderes o, al menos, tan respetuoso como el PP, mientras se han estado repartiendo unas cuotas de imposición de jueces en sus órganos de Gobierno y en el Tribunal Constitucional, algo que siempre ha sido criticado por los propios jueces y por los expertos en política, una intromisión que siempre termina generando mayorías o minorías de uno u otro lado que terminan decantando las decisiones bajo la interpretación de los textos legales dependiendo del asunto a dirimir. En los últimos años, debido al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, la situación ha saltado a primer plano. El PP se niega a acordar una renovación de este órgano que permita a la izquierda, ahora condicionada en el Gobierno por partidos de extrema izquierda y nacionalistas, controlarlo.
El PSOE siempre ha guardado la máxima prudencia en torno a las decisiones judiciales, a pesar de no compartir en algunas ocasiones sus decisiones, al igual que el PP. Lo cierto es que, lo que nunca se había dado en nuestra democracia es poner en duda, con argumentos ideológicos, las decisiones judiciales, como está ocurriendo en estos momentos, en los que los socios de Gobierno de Sánchez están acusando a la magistratura de “lawfare”, lo que traducido al castellano sería guerra judicial, o usar la justicia para atacar los intereses de los partidos políticos con una ideología concreta, y que en este caso señalan como conservador al Tribunal Supremo, encargado de ocuparse de los casos relacionados con el 1-O o con cualquier caso judicial que afecte a aforados políticos. El PSOE, en estos casos, se ha visto y ve en serias dificultades para defender su posición nutra obligada por su doble condición, la de partido político con una historia muy concreta, que ha formado y forma parte de quiénes disponen quiénes deben formar parte d ellos órganos de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional, y como poder ejecutivo. Sin embargo, se ha echado mucho de menos un golpe en la mesa que ponga fin a esta serie de barbaridades en un Estado democrático en el que rige la división de poderes.
Lo cierto es que los jueces no tienen capacidad para poder decidir si las políticas que generan las leyes que ellos tienen que aplicar son más de izquierdas o más de derechas. Su función radica en la aplicación de dichas leyes salidas del propio parlamento, y así se entiende nuestro sistema y la compensación que permite garantizar que no ocurra lo que sucede en otros países ya mencionados. Es muy probable que a muchos jueces, por convicciones personales o incluso ideológicas, porque también son ciudadanos, les haya resultado muy complicado aceptar la aplicación de la Ley del Sólo Sí es Sí, permitiendo la rebaja de condenas a delincuentes sexuales y, sin embargo, lo han tenido que hacer porque, de no hacerlo, podrían estar prevaricando. Por supuesto que hay ocasiones en las que cabe la interpretación más o menos aproximada a los hechos, y basada en las pruebas de las que disponen, para poder dictar sentencia; sentencias, por cierto, cuyas penas o multas también han sido legisladas por el Congreso de los Diputados y aprobadas en Cortes. Oigan, pero que por algo sus decisiones son avaladas por una carrera universitaria y una carrera judicial a la que se tiene acceso mediante una oposiciones muy complicadas. Pero todavía hay personas que no pueden presumir de hacer sino la carrera del galgo en política, con estudios de psicología, que tienen la cara dura de cuestionar decisiones judiciales sin tener la más remota idea. Y aún, en este país, hay personas que prefieren creer a la psicóloga de “restar” que al juez de décadas de profesión en los juzgados.
Lo cierto es que hemos pasado un límite que a poca distancia está del no retorno si no volvemos a la calma y a la serenidad que ha caracterizado nuestra política. La aventura de las coaliciones ha tenido su momento y par algunos ha sido divertida pero las consecuencia secuelas que está dejando no son agradables, como les gusta decir a algunos, a la “mayoría social”. El enfrentamiento ideológico per sé es tan estéril como las comilonas que se dan muchos políticos a costa del heraldo público, tanto de un bando como del otro.
¿Debemos negar que, en ocasiones, ha ocurrido que decisiones judiciales han perjudicado más a ciertas personas por las decisiones judiciales? Pues ahí está el margen de aplicación de las penas y multas que aprueban las Cortes y los jueves son libres de aplicar bajo la interpretación de las pruebas de las que dispongan y siempre con las personas encausadas con el legítimo derecho a una defensa que puede presentar las propias, alegar, y escalar una causa hasta el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Qué nuestro sistema es perfecto? Por supuesto que no. Tampoco los que lo critican ni la alternativa que presentan y defienden, que pasa de acusar del control de los otros a plantear y trabajar sobre el control absoluto del Poder Judicial, algo que no sólo atentaría sobre esa igualdad que dicen defender, sino también sobre la propia democracia y la soberanía nacional, que no reside en su representación delegada, sino que sigue haciéndolo en la ciudadanía, cada vez más cansada.
Creo que el PSOE se equivoca, de compañeros de viaje y de viaje a ninguna parte en este asunto. Y lo peor es que sus platos rotos podrían pagarlos, a medio plazo, aquellas personas que siempre creyeron en su proyecto político y que ahora no se ven representados, como la última en salir del partido, la ex eurodiputada socialista María Muñiz de Urquija.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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