A Sánchez, poco a poco, se le van acabando las razones para no convocar elecciones. Poco a poco se le van abriendo brechas en su Gobierno y con sus aliados de legislatura con los que les es difícil, cada vez más, cumplir sus compromisos. El caso de la Ley de Amnistía está suponiendo el pico de una azada que amenaza con cortar de raíz el entusiasmo de un Gobierno que veía en el perdón la solución a una mayoría que no alcanzó en las urnas. Y digo esto porque la alianza con Junts es la más supeditada de las que conocemos en democracia y tiene como hilo conductor la aprobación de una norma que, según demasiados juristas, tiene el recorrido bien corto, bien por el choque de lleno con la legislación y los intereses comunitarios europeos o bien porque nuestra propia Constitución pueda no dar cabida al pretendido texto.
A pesar de su aprobación, por la mínima, en el Congreso, la dilatación de la tramitación de esta en el Congreso y los múltiples impedimentos que desde los partidos de la oposición o desde Europa aporten a su entrada en vigor hace muy complicado el vuelo frente a una atmósfera tan turbulenta. El nuevo dictamen de la Comisión Europea de Venecia, de hecho, ha sido bastante duro en cuanto a dibujar una norma o unas acciones por parte del Gobierno en las que se pueda comprometer el Poder Judicial. Junts y ERC ya pueden olvidarse, por ejemplo, de la comparecencia en comisión de investigación en el Congreso, de ninguno de los jueces que evaluaron y juzgaron el proceso independentista del 1-O.
Mientras, el fugado Puigdemont parece que comienza a relamerse las mieles del éxito de su estrategia planteando un regreso a España antes de tiempo, con el fin de escenificar una detención que lo victimice más aún de lo que lo han hecho la propia Ley de Amnistía y las declaraciones de lawfare, no sólo de los partidos independentistas sino también por los de la nueva ola mega progresista con ínfulas de antisistema, que parece que vienen a cambiarlo todo pero parece que sólo quieren hacer un mundo a su medida. Por cierto, que a su medida la llaman mayoría social… casi nada. Lo cierto es que Puigdemont, asesorado por su condenado abogado por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, está vendiendo la piel del oso antes de cazarla.
La estampa que resulta de todo lo visto anticipa un cuadro muy distinto al que pretendieron vender de democracia en las reuniones de acuerdo de legislatura y, más bien, desarrolla una escena en la que, o aguantan la legislatura como puedan o su rechazo a acuerdos con el Gobierno por la imposibilidad de cumplimiento de la promesa de amnistía podría llevar al traste la legislatura. Esto es algo que la izquierda no tiene en sus planteamientos ya que, con toda probabilidad, y según indican las encuetas, especialmente tras el estallido del escándalo de corrupción conocido como “caso Koldo”, con toda probabilidad podrían perder las elecciones a favor de un cambio de Gobierno a la derecha.
Esta precipitación de acontecimientos ha puesto muy nerviosas a las filas socialistas que, sin un control de la situación, como es habitual, parece estar intentando contrarrestar los efectos de ese escándalo con otros como es el del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es que, más allá de lo que pueda decir Hacienda, las acciones de una persona con la que se tenga una relación sentimental, mientras no haya pruebas de que Ayuso haya usado su puesto para beneficiarle nada tienen que ver con la presidenta y su partido, guste o no.
Pero, sinceramente, lo que podría resultar más escandaloso sería la acción del Fiscal General del Estado, ya envuelto en varias polémicas y que difícilmente podrá salir indemne de la última, consistente en pedir que se hicieran públicas pruebas, correos y conversaciones que nunca debieron hacerse públicas y que podrían deslegitimar, y en mucho, todo el proceso desde el punto de vista judicial. Un verdadero atentado a los derechos fundamentales y un caso, teniendo en cuenta de que hablamos de la máxima autoridad de la fiscalía en el Estado, de un verdadero y probado caso de lawfare con vínculos más que probados con, al menos, el partido que ostenta la presidencia del Gobierno aunque, en este caso, no provenga d elos juces. Si mal lo están haciendo a la hora de defender la inocencia de los propios, peor parece que lo están haciendo a la hora de acusar a los ajenos.
Esto parece que no pinta nada bien, sin presupuestos y con todo aquello de lo que depende la continuidad de la legislatura en un hilo. Sánchez nunca se había enfrentado a un reto semejante, ni cuando recorrió el país, no muy bien acompañado, para recuperar la secretaría general de su partido, ni cuando afrontó la necesidad de pactar con quién fuese necesario para poder llegar al poder. Le crecen los enanos y esto parece un circo, pero de los que no dan nada de risa. Eso sí, que nadie se olvide de que Sánchez, el estratega, ante los inconvenientes, se crece.
Próxima parada, ¿elecciones generales? Si pueden evitarlo de cualquier manera, seguro que lo harán. Lo que desconocemos es el precio, que no quién va a pagarlo.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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