Movilidad y espacio público

La Ciudad de México, un lugar donde la vida se torna rápida y los tiempos de traslado se ralentizan, un lugar donde el grueso laboral se traslada de la zona conurbada a los distintos puntos de la ciudad, cuya población flotante en su tiempo de traslado se extiende entre cuatro y seis horas al día en promedio, dado a la disminución en la oferta de los servicios en las zonas más alejadas de los puntos con más afluencia como lo es la zona metropolitana.

En tal virtud, se hace hincapié de la necesidad de poner en debate si la estrategia gubernamental planteada en temas de movilidad esta ad hoc con las necesidades y objetivos a largo plazo, porque considerando que el promedio del mercado laboral tiene una jornada de “ocho horas” diarias, aunado al tiempo de traslado; en la praxis, se descarta inminentemente la idea de realizar alguna actividad extra en el ámbito de desarrollo personal o social.

Eficientar los tiempos de traslado en la ciudad, este presupuesto de vida, llamado tiempo adicional, apoyaría a que los usuarios del transporte público diversifiquen sus actividades, coadyuvando la interacción social y flujo de personas, mejorando la calidad de vida. Para concretar lo anterior es necesario evaluar respecto a la calidad del servicio. Esto incluye la infraestructura, la oferta de medios de transporte, así como su interconexión integral de los mismos para evitar el alto nivel de congestión agilizando el flujo de personas o incluso la profesionalización del transporte. 

Un indicador importante para la evaluación es la accesibilidad al sistema integral de movilidad actual, ya que aún existen medios de transporte no integrados como microbuses o llamados coloquialmente “peseros”; los cuales, sus rutas se encuentran desarticuladas en la gestión integrada de operación y profesionalización de la flota, dificultando atender sistemáticamente a la dinámica actual de las necesidades de un transporte digno, cuya percepción se perpetua en la vox populi como viajes incómodos, inseguros y lentos.

A pesar de los logros en la obtención de mayor presupuesto para las necesidades del servicio, como lo es la rehabilitación y modernización en el transporte público, colocando como tema prioritario en la agenda gubernamental local y estatal; sigue siendo deficiente, el cual fomenta la desigualdad y segregación población al existir un sesgo evidente en los tiempos de traslado y el costo-tiempo que implica el trasbordo para la conexión de un transporte a otro.

Por lo anterior, si bien es cierto en esta ciudad policéntrica, sede de corporativos y principal centro de negocios y servicios financieros, uno de los proyectos urbanísticos en la ciudad para el ordenamiento territorial es la sectorización de la ciudad, por ejemplo, concentrar los servicios de carácter jurídico y administrativo, como lo es la llamada “Ciudad Judicial” en Avenida Niños Héroes o los servicios de carácter hospitalario como lo es la “Zona de Hospitales” en Tlalpan; ser estrictos en dicho proyecto resulta anacrónico, dado que la gentrificación se extiende de manera exponencial.

Respecto al ámbito privado, los usurpadores de los espacios públicos como lo son los centros comerciales o centros recreativos, se protagonizan por su presencia abrumadora, los cuales pretenden conglomerar los centros de servicio eternos y reiterados de consumismo, propiciando el abandono del espacio público y la fragmentación de la movilidad con relación a la perspectiva de seguridad y control de riesgos, toda vez que las personas prefieren invertir su tiempo en espacios públicos de esparcimiento y convivencia en complejos económicos considerados “seguros” y de “fácil acceso”, siendo importante el análisis de la afluencia de personas que se apropian en estos espacios, los cuales resultan una expresión a la identidad social y cultural. En la Constitución de la Ciudad de México, se consagra el Derecho a la Ciudad en el artículo 12 bajo el principio de justicia territorial, así como, el artículo 16 “ordenamiento territorial” correlacionado con el artículo 16 “Ciudad habitable”, donde se define el derecho a la movilidad, considerándose de manera inherente el acceso a un transporte público digno.

Desde la perspectiva internacional existen calificadoras independientes que consideran que de las peores vialidades con tránsito pesado se ubican en la Ciudad de México, como lo es –IBM Global Conmmuter pain index-, así como –Tom Tom traffic index ranking-  ubica a la Ciudad de México en décimo tercer lugar, considerando que se cuantifican veinticinco minutos por cada diez kilómetros transitados en promedio por año. Los ciudadanos mexicanos exigimos el derecho a un transporte digno, el cual debemos mostrar interés en la participación de las políticas integrales de movilidad y, a pesar de que cada ciudadano representa un grano de arena en la inmensidad de la sobrepoblación, cada acción puede ser replicada en solidaridad a la exigencia de este derecho.

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