Corren para nuestra nación tiempos difíciles. Tenemos un Estado Social y Democrático de Derecho en manos de un ególatra que ansía el poder con la intención de permanecer otra legislatura más en el Palacio de la Moncloa. Todo ello pagando un alto peaje para España y no me refiero precisamente al que vamos a tener que costear también nosotros como el de las autopistas a partir de 2024, tal y como lo exige la Unión Europea. A esto hay que añadirle el alto precio que debemos pagar ante un prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont.
Esta última es una exigencia compleja, una amnistía la cual en la Carta Magna no da cabida además de no estar regulada por el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, el Gobierno en funciones de Sánchez, en un acto desesperado, está dispuesto a vender España cediéndosela a su vez sin ninguna integridad a sus enemigos.
Traidores que queman la bandera, como los encapuchados de Arran en el día de la celebración de la Diada. Quemar la bandera que nos representa es un ultraje a los símbolos nacionales e inconstitucional ante el Código Penal español. Este lo recoge en el artículo 543 encuadrado en el capítulo IV del título XXI que desarrolla claramente que “Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses de prisión”. Pero aquí no pasa nada, nadie paga por los hechos acaecidos, es más, con total impunidad se dedican a difundirlos por redes sociales.
No solo han quemado nuestra bandera, también la de Francia o muñecos con la cara del líder de Vox, Santiago Abascal. Parece que ya todo vale, el posible beneficio para 3000 independentistas encausados por el procés, parece peccata minuta para Pedro Sánchez. España todavía lucha y lo demostró el pasado domingo 10 de septiembre delante de todos los ayuntamientos españoles, levantando sus voces en contra de la amnistía y demostrando su contrariedad ante este ‘Régimen Sanchista’ que quiere complacer las exigencias del tránsfuga con el fin de seguir gobernando, burlándose así de nuestra democracia.
La ley de Alivio Penal parece ser el nombre elegido por el presidente del Gobierno en funciones. Un nombre encubierto para la amnistía y que permitiría indultar a los involucrados y al propio Puigdemont por el referéndum de autodeterminación que se celebró de manera ilegal e irregular el pasado 1 de octubre del 2017, en el caso que se encontrara algún tipo de fisura en la Constitución, cuestión improbable.
Moncloa ya ha empezado a mover ficha y anda en la búsqueda de juristas que defiendan la amnistía, una tarea difícil, ya que apenas han encontrado media docena de profesionales dispuestos a ello. Algunos de los que han mostrado su conformidad han sido Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que fue también fiscal del mismo. Antonio Xiol, jurista especialista en ámbitos contenciosos y civiles, y Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional.
Pedro Sánchez también cuenta con detractores dentro de su propio partido; aunque, llegado el momento, no sabremos si demostrarían su desaprobación ante su líder. Odón Elorza exdiputado del Parlamento Vasco, ya ha expresado que “iniciar la negociación es inaceptable en democracia”, así también lo han dejado patente otros dirigentes del histórico PSOE, como Alfonso Guerra y Felipe González. Si Sánchez consiguiera burlar la Constitución, la amnistía no sería el único obsequio con el que complacería al expresidente de la Generalitat. El siguiente paso sería el de ofrecer una consulta no vinculante en Cataluña.
El futuro se torna negro. Si este Gobierno Frankenstein consigue una investidura de la mano de los independentistas, rompería totalmente con nuestro Estado Democrático de Derecho. El escenario que se nos presenta sería catastrófico. Ahora sí que tenemos más cerca el apocalipsis, ya no es la frustración de la derecha, como decía Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ahora se trata de España y los españoles y cuando no se respeta la voluntad soberana, la resistencia ciudadana es la única vía para defender la Constitución, como bien decía María Corina Machado.
Se venderán al mejor postor y no pasará nada