El repunte de la llegada de inmigrantes ilegales a España no es solo una cuestión estadística en sí misma, sino una realidad que está suponiendo una grave crisis migratoria con unos efectos poco deseables para la población española. En los últimos diez años han llegado un total de 360.134 inmigrantes a nuestro país. 7472 consiguieron traspasar nuestras fronteras en 2013. Mientras que, en este 2023, fueron exactamente 52.156, lo que la convierte en la segunda entrada mayor de la historia de España.
Todos ellos acceden sin la autorización legal requerida y suelen entrar mayoritariamente por vía marítima por el Mediterráneo o Canarias y, en algunos casos, por vía terrestre por Ceuta o Melilla. ¿Qué hace el Gobierno al respecto? Favorecer el ‘efecto llamada’, aumentando las partidas presupuestarias en un 65% como ocurrió en 2022. Gran parte deberían ser devueltos o expulsados, pero muchos de ellos intentan mantenerse en nuestro país para conseguir una autorización de residencia con arraigo social, lo que termina siendo un problema acuciante que en muchos casos tiene consecuencias poco deseables.
Los datos del Ministerio del Interior nos acercan a máximos históricos bajo la irresponsabilidad de un Gobierno que no aporta ninguna solución a esta gran complicación. Estableciéndolos en hoteles y balnearios de lujo mientras que los afectados por el volcán de la Palma siguen viviendo en casas contenedor. Estas políticas de fronteras abiertas junto con ayudas financieras se contraponen con los intereses de los propios españoles, puesto que estadísticamente la tasa de criminalidad se ha triplicado. Tendríamos que tener en cuenta que algunos de ellos están vinculados a organizaciones terroristas, como ya ha indicado la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) y a organizaciones criminales dedicadas a la inmigración irregular con el uso de “taxis patera”, embarcaciones con motores de gran potencia que realizan el trayecto entre las costas argelinas a Baleares.
A Sánchez le interesa este flujo migratorio, puesto que España se encuentra entre los cinco países de la UE que recibe ayudas para la atención de inmigrantes. Exactamente, 171 millones de euros destinados para proyectos de acogida que, finalmente, ponen en riesgo el futuro de España y de Europa, poniendo en peligro la convivencia y la seguridad. Según los que nos gobiernan, la inmigración es una oportunidad para el intercambio cultural, pero lo que no tienen en cuenta es que su cultura es en su mayoría totalmente diferente e incompatible con Occidente, y que una gran cantidad de ellos no vienen a adecuarse a nuestras costumbres, sino que siguen las mismas directrices que aplican en su país de origen, siendo mayormente hombres y no mujeres y niños, como ocurría años atrás.
España no es xenófoba, pero siempre debe primar el sentido común. Y esto incluye a aquellos que entren ilegalmente y no hayan solicitado protección internacional, por consiguiente, deberían ser deportados. Además, muchos de ellos terminan perdiendo la vida a consecuencia de esas promesas que en Europa obtendrán un futuro mejor, cuya responsabilidad también debe recaer en el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Todo aquel que venga a España de manera legal a trabajar, a convivir cívicamente y a integrarse en este país, es bienvenido, pero no se puede premiar la ilegalidad, desatendiendo las necesidades de los españoles.
No sé puede decir más claro